Éste establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Según datos del Anuario del Ministerio del Interior, se han registrado en 2010 un total de 21.941 manifestaciones comunicadas a las autoridades competentes y 273 prohibidas.
Como datos relevantes, de ellas, 6.540 fueron motivabas por asuntos de carácter laboral, 3.568 fundadas en medidas que afectaban a la enseñanza y 3.435 originadas por decisiones políticas y legislativas.
La preocupación social que ocasiona la clase política y los partidos políticos ocupa la tercera posición entre los principales problemas que existen en España actualmente datos del Barómetro del CIS del mes de septiembre.
La manifestación más clara del distanciamiento se palpaba en el movimiento conocido como 15M que ha traído debate y ha sido defendido y criticado en diferentes ámbitos sociales y medios de comunicación. Lo relevante en este sentido, es el movimiento en sí mismo, cuyo objetivo primordial, que no vamos a entrar a analizar en profundidad, se centraba en una idea: ser tenidos en cuenta.
Están proliferando además, la organización de grupos, asociaciones, fundaciones y entidades que desde diferentes ámbitos del territorio nacional, tratan de hacer uso de las vías de participación habilitadas legalmente para tomar partido en las decisiones políticas.
Sin embargo, los cauces legales con los que cuentan los ciudadanos, en ocasiones no cumplen adecuadamente con las funciones para las que fueron ideadas o quizá, los requisitos y formalidades exigidas, excesivas en ocasiones, dificultan que sean utilizadas.
Un ejemplo de ello es la iniciativa legislativa popular cuyas materias excluídas así como los requisitos formales exigidos, entre ellos las 500.000 firmas para iniciar una propuesta legislativa, se transforman en una traba en lugar de una oportunidad.
Mientras, las redes sociales se convierten en el verdadero altavoz de acceso libre, sin límites, gratuito y de gran trascendencia al que todos los ciudadanos tienen acceso en condiciones de igualdad.
La figura del lobby o la gestión de intereses ante los poderes públicos, toma cada vez mayor fuerza como grupo de presión organizado, que trata de influir ante los representantes políticos para que la dirección de determinadas medidas legislativas, cambien de rumbo como una veleta según qué intereses.
Los ciudadanos están demandando su puesto y quieren ser escuchados y tenidos en cuenta porque lo que se decide en las Cámaras afecta directamente a sus vidas.
Es por ello que la participación ciudadana ha de ser organizada, estructurada y articulada a través de grupos que defiendan los intereses comunes. Las asociaciones o federaciones son el modo más adecuado y efectivo de dar valor a las pretensiones de los ciudadanos, porque aún hoy, es muy significativo el dato que respalda la cantidad de integrantes de una organización, aunque no es suficiente. Debe predominar una línea común mínima en la que será necesario el sacrificio de unos y otros, para que prevalezcan uno, dos o tres aspectos comunes. Mínimos, pero favorables a todos.
De la repercusión de una adecuada organización depende que un partido político acabe defendiendo los intereses partidistas o los intereses generales pues los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política (art. 6 CE).
Recientemente hemos elaborado un Análisis Profesional en el que se tratan los aspectos mencionados. Los expertos que aportan su criterio profesional en estos temas de forma independiente e imparcial son los siguientes:
Doctora en Sociología, Universidad de Barcelona y Magister en Ciencia Política, Universidad de Chile.
Investigadora de Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y docente de la Universidad de Chile
Fermín Bouza
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
Especializado en Comunicación Política
Astrid Alemany
Politóloga
Socia Directora en Alemany & Associats
Marketing en comunicación y especialista en marketing político
Maria Jesús Funes Rivas
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología,
Profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED
Especialista en los estudios de participación social y política
Susana del Río Villar
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, Miembro del Comité de Expertos independientes de la Comisión Europea en Citizens and governance in the knowledge based society "Democracy in a supranational context"
Jose Fernando Merino Merchán
Letrado de las Cortes Generales y del Consejo de Estado
Prof. Titular de la Cátedra de Derecho Constitucional (Universidad Rey Juan Carlos)
Ex-Director de la Asesoría Jurídica del Senado
Autor de libros y artículos sobre Derecho Constitucional, Historia Política, Teoría Política y Arbitraje.
Director del Despacho Jurídico Merino-Merchán.
Si prefieres consultar la infomación por bloques, pincha aquí:
1. La participación de la sociedad civil en asuntos públicos
2. Iniciativa Legislativa Popular
1. La participación de la sociedad civil en asuntos públicos
2. Iniciativa Legislativa Popular
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