Francisco Casado Galán, Miembro del Gabinete Técnico de la Federación de Servicios Públicos de UGT, trataró de contrarrestar el desprestigio que desde diferentes esferas y medios de comunicación se viene realizando hacia los profesionales de la Administración Pública.
Hoy, traemos a colación parte de las conclusiones del acto celebrado el pasado año en la Escuela Julián Besteiro.
Éstos fueron los asuntos apuntados por los ponentes. Aspectos sobre la problemática a la que se enfrentan los empleados públicos desde su ejercicio profesional:
1. El marco jurídico en el que trabajan los empleados de la Administración Pública: "Es incompleto, espeso, poco claro y heterogéneo". En primer lugar, distinguió la convivencia de tres tipos de relaciones jurídicas de los profesionales; los funcionarios, los laborales y los estatutarios faltando sintonía entre las normas, "tres relaciones jurídicas diferentes para un mismo fin, que es servir a la ciudadanía en el desarrollo de los servicios públicos".
Apuntó que desde el gabinete de la federación de servicios públicos habían desarrollado una teoría llamada el empleo público perplejo que explicó con un ejemplo; "Para que un empleado público de la administración local conozca sobre la normativa aplicable a una excedencia en materia de derechos y obligaciones que le competen, tiene que consultar 6 normas diferentes de manera complementaria, no excluyente". Es decir, salvo excepciones, no se ha desarrollado la legislación básica por las Comunidades Autónomas en determinados sectores, como debería haber sido, generando controversias que posteriormente tienen que resolver los tribunales de justicia al entrar en conflicto el estatuto marco con el estatuto básico.
2. El derecho a la carrera profesional del empleado público fue la segunda materia a tratar, la cual, salvo excepciones, carece de desarrollo generando algo que podríamos enmarcar, según Casado, en una idea similar a la competencia desleal. "La carrera profesional tiene un perfil muy sesgado porque sirve para cobrar más pero no para formarse más".
3. En lo que se refiere al derecho a la movilidad interadministrativa, salvo excepciones como es el caso del ámbito sanitario o docente, por ejemplo, "es más fácil que un funcionario de Hacienda se vaya a trabajar a un organismo de la Unión Europea que vaya al ayuntamiento de Madrid, convirtiéndose también en una rémora para los empleados públicos", explicó.
4. Yolanda Palomo, Secretaria federal de la Administración General de Estado de UGT, apuntó la irregular situación de la temporalidad: "en el campo de los organismos públicos de investigación donde se sitúan a los investigadores que son quienes van a incorporar valor en I+D, I+D+i o en generación de conocimiento, hay un 40% de temporalidad".
5. Enmarcaron también el asunto que afecta a la privatización y externalización. Existen funcionarios y empleados externos contratados que están realizando actividades iguales o similares, pero en este caso, los segundos no han pasado los tamices correspondientes de acceso, selección, etc. "Se genera una especie de dumping profesional en las Administraciones Públicas".
Yolanda aborda la externalidad, ilustrándonos con un ejemplo: "La Intervención General de la Administración del Estado durante 5 años consecutivos, subcontrata a consultoras externas el control de las subvenciones que vienen de Europa alegando insuficiencia de medios. Por otro lado, nos dicen que sobran funcionarios".
La Administración Pública subcontrata teniendo en cuenta que hay plantilla de funcionarios que pueden realizar ese trabajo, con lo que se incorpora un motivo de frustración para los empleados públicos.
6. El último asunto del listado tratado por Francisco Casado es en referencia a la dejación de la Administración Pública en materias donde debiera ser pionera, como son la igualdad, la responsabilidad social, las nuevas tecnologías, la conciliación o las incompatibilidades. "Llegados a este punto yo me planteo dónde está el papel activo de la Administración".
Tras el bloque de asuntos definidos como "problemáticos" para los empleados de la Administración Pública, Yolanda trata de explicar el origen de la situación. "No se ha hecho un diagnostico", apunta. Considera Yolanda imprescindible entrar a valorar a través de un diagnóstico adecuado la eficiencia de la Administración (a qué se destinan los gastos, que modelo de empleo público es el adecuado, etc.)
Resalta que el debate está abierto en el ámbito de la profesionalidad de los empleados públicos o los recortes salariales pero se han olvidado de lo más importante; "poner sobre la mesa el modelo de empleo público que tenemos".
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