La gestión de datos de carácter personal

Ayer asistía a una sesión organizada por FENAC en la que la empresa alaro avant, especialista en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y su adecuación en las organizaciones, nos ofrecían algunas pinceladas sobre los deberes y consecuencias de la adaptación de las organizaciones a la misma. 

En este sentido, los ponentes expusieron que la LOPD obliga a cualquier entidad que tenga datos personales (entendiendo por datos personales "cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables") a desarrollar un conjunto de medidas de seguridad.

En términos generales, estas medidas responden a los siguientes deberes:

• Inscribir los ficheros que contengan datos personales en la Agencia Española de Protección de Datos.
• Elaborar e implantar un "documento de seguridad" que describa y regule el tratamiento de los datos de carácter personal.
•  Regular el movimiento de los datos con terceros.
•  Realizar una auditoria cada dos años para datos de nivel medio y nivel alto.

Son datos de carácter personal, por ejemplo, los datos identificativos, los económico-financieros, los datos sobre empleo, los datos académicos o profesionales, etc. 

Apuntaron también los ponentes que existen tres niveles en los que pueden clasificarse los datos personales y en función de esto, se han de tomar unas u otras medidas de seguridad. En cuanto a los niveles de datos, por poner algunos ejemplos:

• Datos de Nivel Básico: En el nivel básico encontramos datos que permitan identificar y hacer identificable a una persona.
• Datos de Nivel Medio: En este grupo se ubican datos relativos a la hacienda pública, la valoración de la personalidad (CV), la comisión de infracciones administrativas o penas, etc.
• Datos de Nivel Alto: En este último grupo se encuentran datos de carácter personal relacionados con la Ideología o a afiliación sindical, la religión o creencias, datos relativos a la salud u origen racial entre otras.

Por otro lado y en relación a las medidas de seguridad a implementar, se ha de tener en cuenta que los expuestos en el cuadro son considerados mínimos exigibles y que son acumulativos.

Hemos de tratar de estar al día en materia de protección de datos y muy pendientes de los cambios del Reglamento de la Unión Europea a fin de conocer cómo y en qué medida podría afectarnos la gestión de los datos de carácter personal.

28 de enero. Día de la Protección de Datos en Europa

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El 28 de enero se celebra el día europeo de la Protección de datos con el fin de hacernos conscientes tanto de nuestros derechos como nuestras responsabilidades en materia de protección de datos.

La entidad responsable de velar para que ello sea posible, es la Agencia Española de protección de datos (AEPD), autoridad de control independiente que vela por el cumplimiento de la normativa, garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos personales. 

Desde el portal de la AEPD se ponen a nuestra disposición numerosas publicaciones que nos sirven como guías y que merece la pena consultar. "El derecho fundamental a la protección de datos: guía para el ciudadano 2011", es una de ellas. Nos ofrece las claves sobre qué debemos conocer acerca del tratamiento de nuestros datos. Los aspectos que rescato del documento citado, son los que hemos de tener presentes sobre la gestión de nuestros datos. 

¿Qué debemos saber y cómo han de tratarse nuestro datos?

En primer lugar, a efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, son datos de carácter personal "cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables".

Todas las personas tenemos derecho a saber por qué, para qué y cómo van a ser tratados nuestros datos personales y decidir sobre el uso del mismo. Además, el primer paso para que se produzca la recogida de estos datos, es dar nuestro consentimiento, revocable en cualquier caso. 

En cuanto al tratamiento de nuestro datos se ha de velar por la calidad de los mismos, la seguridad y el secreto.

• Calidad: Ello implica que los datos que se nos soliciten han de ser siempre los estrictamente necesarios, que no pueden ser utilizados de forma arbitraria, sino siguiendo los parámetros que se nos indicaron y éstos han de ser cancelados cuando dejen de ser necesarios.
• Seguridad: Por seguridad de los datos debemos entender que en todo momento se va a garantizar su integridad (no modificaciones sin autorización), disponibilidad (accesible a las personas autorizadas), y confidencialidad (datos accesibles y conocidos únicamente por los usuarios autorizados).
• Secreto: El secreto es un elemento absolutamente necesario para garantizar la protección de los datos y actúa como deber de todas las personas autorizadas que tengan acceso a los datos personales. 

Lo que se pretende en definitiva es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

Las referencias con las que todo emprendedor tiene que contar

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Con motivo de la reciente aprobación del Proyecto de la ley de apoyo a los Emprendedores y su internacionalización (el Pleno aprobó las enmiendas del Senado), queda listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aprovechamos para hacer un listado de referencias de cabecera para todo emprendedor: 

- En el ámbito nacional nos encontramos con...

 1. La Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
La meta de esta ley es crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores. Según su exposición de motivos, con ella se pretende “establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales, que facilite la creación de empleo y la estabilidad en el mismo, apostando por el equilibrio entre flexibilidad interna y externa, en definitiva por la flexiseguridad”.
Opiniones sobre ella hay de todo tipo...

2. El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
El Real Decreto incluye medidas a través de la cuales se inicia el desarrollo de La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Con intención de favorecer la inserción de los jóvenes en el ámbito laboral ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento y mejorar su situación dentro del mercado de trabajo, el Gobierno propone 100 medidas dirigidas a la formación y empleabilidad, a autónomos y emprendedores, a estimular la contratación, a la intermediación y otras medidas (fomento del emprendimiento y el autoempleo).

3. El Plan Nacional de Reformas de España 2013. Versión entregada por el Gobierno a la Comisión Europea. El mismo recoge en el apartado V. relativo a las “Reformas para apoyar el crecimiento”,  en su  punto 2.3. el contenido relativo a la “Ley de apoyo al Emprendedor y su internacionalización” (pág. 63).

4. El objetivo del mencionado Proyecto de Ley aprobado el jueves 19 de septiembre, ya Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, es la creación de un entorno favorable a la iniciativa emprendedora y el desarrollo e internacionalización de los proyectos empresariales. Este se dirige, por tanto, a favorecer la creación de empresas y fomentar su crecimiento, desarrollo, innovación e internacionalización a través de diferentes medidas.

- En el ámbito europeo tenemos...

5. La Comunicación de la Comisión Europea bajo el título Plan de Acción sobre emprendimiento 2020 que tiene como principal reto fomentar la cultura del emprendimiento y preparar el terreno para que la actividad emprendedora crezca en el ámbito europeo ya que es una importante fuente de crecimiento.

- Estudios... 
6. Si por otro lado, si lo que prefieres es tener como referencia sobre la materia datos, te recomiendo los informes elaborados por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), cuyo Informe GEM sobre España 2012 nos ofrece datos muy interesantes sobre los ámbitos de mejora y aspectos más relevantes de la actividad emprendedora en nuestro país.

Espero que esta breve recopilación te sea útil.

• Además te puede interesar.... "Un escaparate para emprendedores"

El crowdfunding como financiación alternativa para poner en marcha tus ideas



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Afirma el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 de la Comisión Europea, "los emprendedores potenciales se encuentran en Europa en un entorno duro".

Los principales obstáculos que impiden el crecimiento del emprendedor apuntados por dicha comunicación son seis:

• acceso a la financiación,
• apoyo a los emprendedores en las fases más improtantes del ciclo vital y el crecimiento de empresas,
• aprovechamiento de oportunidades para las empresas en la era digital,
• traspaso de negocios,
• procedimientos de quiebra y segunda oportunidad para emprendedopres honrados,
• reducción de cargas normativas.

Además "mientras que el trabajo por cuenta propia era hace tres años la primera opción del 45% de los europeos, el porcentaje ha bajado hasta ahora al 37%".

Según una consulta pública iniciada por la Comisión en julio de 2012, el acceso a la financiación es uno de los mayores obstáculos al crecimiento y el emprendimiento en Europa.

Hemos de tener en cuenta, que en la gran mayoría de los casos, los emprendedores no cuentan con recursos propios para desarrollar su producto. En este sentido, una de las grandes apuestas es el crowdfunding, herramienta de preventa a través de la cual los clientes pueden comprar el producto antes de sacarlo al mercado.

El modelo de preventa está teniendo un gran éxito en los últimos tiempos ya que ofrece la oportunidad al emprendedor de desarrollar sus ideas debido a que hay personas dispuestas a comprar un producto a fin de que el emprendedor lo desarrolle. El crowdfunding ofrece que miles de personas compren un producto antes incluso de haberlo desarrollado el autor del mismo.

En esta línea el peer to peer lending (P2P lending) o social lending, esto es, el préstamo entre particulares sin la intervención de una institución financiera tradicional es un ejemplo de desintermediación que ofrece gran apoyo a el crowdfunding.

Por otro lado, el Programa Nacional de reformas 2013 recoge que en mayo se aprobará el anteproyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores y si Internacionalización, el cual tiene como objetivo principal generar un entorno favorable a la iniciativa emprendedora así como su desarrollo e internacionalización fr ptoyector empresariales. Recoge por tanto, medidas destinadas a impulsar la iniciativa emprendedora, medidas fiscales de apoyo al emprendedor (deducciones e incentivos fiscales) y medidas para impulsar la financiación de los emprendedores, entre otras.

Habrá que esperar  a conocer en profundidad el contenido de dicho anteproyecto de ley.

Medidas concretas para favorecer el emprendimiento

El 11 de abril la plataforma ¡¡¡España Emprende!!! presentó un conjunto de propuestas sobre la “Ley de Emprendedores que España necesita”. Este documento recoge algunas de las referencias aprobadas por el Gobierno a través del Real decreto-ley 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Así define el  término "emprender" la Real Academia de la Lengua Española:

• Emprender: Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro.

Así es, especial dificultad y peligro encierra comenzar a poner lo ladrillos sobre los que construir un negocio y es en ésta época de crisis cuando el análisis de herramientas con las que cuentan aquellos que desean embarcarse en un proyecto de estas características es más profundo y reiterativo.

 

La plataforma ¡¡¡España Emprende!!! es una "iniciativa colectiva formada por emprendedores, empresarios, organizaciones empresariales y sociales, escuelas de negocio y otras instituciones, que cree en la necesidad y urgencia de impulsar el emprendimiento en España como respuesta a los nuevos retos económicos del contexto nacional e internacional” que propone 15+1 medidas. Éstas afectan al ámbito educativo, la innovación, la financiación, la regulación, la fiscalidad y la  "mayor coordinación y cooperación entre la Administración Pública y el sector privado” a fin  de promover la aparición de una sociedad emprendedora e innovadora.

El derecho de manifestación... ¿un derecho modulable?

El artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión y manifestación.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Tras el elevado número de manifestaciones producidas en los últimos meses, cifra que ha sufrido un importante incremento de unos años atrás hasta ahora, se comenzó a hablar de “modular” el derecho de manifestación.

Surgen diversas cuestiones en línea con el asunto planteado. Cuestiones a las que han respondido en "El derecho de reunión y manifestación: ¿un derecho modulable?",  Jaime Pastor Verdú, Profesor Titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia;  José Manuel Sánchez Fornet, Secretario Técnico del Sindicato Unificado de Policía; María Méndez Rocasolano, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y la Coordinadora Ciudadana de Teruel Existe, movimiento social que nace en noviembre de 1999.

El contenido de este Análisis Profesional nace con el fin de dar respuesta a cuestiones como: 

- ¿Cuál es el objeto de este derecho constitucional? Hacer ruido, provocar cambios, dar a conocer el pensar de un porcentaje de la sociedad…

- ¿Tiene el derecho de manifestación el efecto esperado?

- ¿Se ha abusado del derecho de manifestación?

- ¿Puede entrar en conflicto con otros derechos y valores importantes para la sociedad?

- ¿Es el derecho de reunión y manifestación un derecho ilimitado?

- ¿Son los promotores responsables de las acciones violentas de grupos ajenos a los objetivos de la convocatoria?

- ¿Es una manifestación representativa del sentir general?...

Cuestión de ahorro

          

  Dos horas más de trabajo semanal para los profesores de secundaria es el motivo por el que el 14 de septiembre, previsiblemente, habrá huelga como protesta.

Según la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la medida traerá un ahorro de 80 millones de euros a la capital.

Una parte importante de los afectados y los sindicatos protestan por las consecuencias negativas de la medida. Por un lado, repercutirá en la calidad de la enseñanza, pues los docentes desatenderán otras funciones que van más allá de las aulas como atender a los padres de los alumnos, organizar programas educativos o corregir exámenes, y por otro, y el más importante, un número inferior de contrataciones de interinos para este año. Aunque según los sindicatos, no se trata de una menor contratación de profesionales, sino una estimación de unos 3.000 despidos. 

            Con el respaldo “se trata de supuestos recogidos en la ley”, los profesores de secundaria verán aumentadas sus horas de trabajo lectivo en dos, pasando de 18 horas semanales de clase a 20, a cambio de un aumento de sueldo para algunos profesores de ESO, atendiendo a los principios de “justicia” y “objetividad”, en palabras del secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados.

            La jornada laboral total de los profesores, en la que se han de tener en cuenta las horas invertidas en la preparación de lecciones, la corrección de exámenes, reuniones o tutorías, seguirá siendo de 37,5 horas.

           

            De momento, de forma comparativa a las horas de trabajo y el salario percibido por los profesores en territorio español, frente a los docentes de la OCDE, según datos ofrecidos por el informe “Education at Glance” del 2010 (último publicado con datos de 2008), los profesores españoles cobran más y trabajan menos que la media europea. En concreto, las horas de trabajo al año de los profesores españoles son inferiores en torno a un 10-15%, frente al promedio de los docentes de la OCDE y de la UE.

En cuanto al salario respecto de la media de trabajadores españoles con estudios universitarios, los profesores españoles de secundaria disponen de un salario cuyo promedio superior en un 26%.

Las incompatibilidades de trabajar en España

             Leía hace unos días un artículo escrito por Elisa. G. McCausland en la Revista Profesiones de 2009. El título “El futuro está en los séniors” me pareció tremendamente sugerente para tratar la orden ministerial TIN/1362/2011, que entró en vigor el 1 de julio, con la que el artículo que mantiene una estrecha relación.

            Decía este artículo acerca de los “trabajadores maduros” que se convertirían, en uno de los mayores recursos ya que el talento sería una fuente cada vez más preciada, porque escasearía, según mostraba un informe realizado por Adecco en aquel momento. Teófilo Pozo, secretario General  de Secot (asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales jubilados, que ofrecen experiencia y conocimientos a jóvenes profesionales en materia de gestión empresarial), añadía “actualmente los profesionales tienen más futuro por delante después de jubilarse que el que tuvieron como profesionales”. Y es del futuro profesional tras la jubilación junto con el régimen de incompatibilidades a la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por profesionales colegiados, recogida en la orden ministerial TIN/1362/2011, de 23 de mayo, el tema del que quería tratar en este post.

            Hasta ahora, cobrar la pensión por jubilación era compatible con ejercer un trabajo por cuenta propia y hacer uso de mutualidades alternativas al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA).

            La orden ministerial establece, que los profesionales liberales jubilados que trabajen por cuenta propia, no podrán percibir la pensión de la Seguridad Social por incompatibilidad con la afiliación a una mutualidad de previsión social alternativa al sistema de la Seguridad Social. Se trata, en definitiva, de una norma que pone pegas a los profesionales liberales para trabajar tras su jubilación.

            Hay que destacar que la orden no afecta a quienes hayan compatibilizado trabajo y pensión además de a aquellos que hubieran cumplido los 65 años, antes de la entrada en vigor de la norma (1 de julio)

            El sistema público y el privado son completamente distintos, y hacer uso de uno u otro o de ambos, no debería llevar aparejada su incompatibilidad. Por otro lado, la medida pretende “dejar hueco” a los profesionales que vienen, pues se entiende que el hecho de que los profesionales maduros trabajen más tiempo, puede llagar a entorpecer el acceso a los jóvenes profesionales (sabia nueva).

La experiencia y el conocimiento lo da el trabajo tras varios años, algo absolutamente inaccesible para un profesional joven, quien aunque lo supla con esfuerzo y dedicación, no adquirirá el conocimiento y la experiencia propia de la trayectoria profesional, ayuda de gran utilidad para los profesionales jóvenes, como referente y guía.

            Al parecer, esta medida podría afectar a 500.000 profesionales de diferentes colectivos; entre ellos abogados, médicos, arquitectos técnicos, ingenieros superiores y técnicos… Ante esta situación, un alto porcentaje de profesionales tendrá que replantearse su futuro tras la jubilación.

            Contenía el artículo mencionado al inicio del post, que el Informe Trianual de Estrategia Nacional de Pensiones, elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, estimaba que la Seguridad Social tenía garantizado el equilibrio de sus cuentas hasta el año 2019, sin embargo, apuntaba entonces José Ruiz Sánchez, vicepresidente del Consejo General de Graduados Sociales y presidente del Colegio Oficial de Graduados, que el informe se realizó teniendo en cuenta una evolución de la actual crisis, en la que la recuperación comenzaría a mediados de 2009, y como no ha sido así, la estabilidad de las pensiones podría verse comprometida mucho antes de lo que se esperaba.

Pues vaya si acertó…

¿Crees que es importante poder contar con el conoccimiento y la experiencia de los profesionales maduros o crees que es una traba para los profesionales jóvenes que necesitan un puesto en el mercado laboral? 

¿Iniciativa Legislativa Popular?... cosa de niños

La participación legislativa popular viene recogida como un derecho constitucional en el art.87.3CE, el cual establece que; Será una ley orgánica la que regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia

Cada vez más los ciudadanos nos interesamos por las medidas e iniciativas políticas porque nos afectan directamente. Sin embargo, hacemos escaso uso de nuestro derecho de participación legislativo, a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

En ocasiones, la falta de conocimiento o publicidad necesaria para saber qué podemos hacer y cómo hemos de hacerlo, se transforma en una barrera de actuación. Aunque el problema, en este caso, no creo que sea el desconocimiento de la posibilidad, sino las dificultades para poner en marcha una iniciativa de éstas características.

De las Iniciativas Legislativas Populares presentadas en España durante el periodo democrático, es decir, unas cincuenta desde 1978, sólo 9 han conseguido ser admitidas a trámite por el Congreso y han podido reunir las firmas necesarias. De éstas, sólo una, la que hacía referencia a los morosos en la comunidad de vecinos fue finalmente aprobada. Posteriormente se incluyó en la reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal en 1999.

Hagamos hoy un repaso rápido, sobre los aspectos más importantes de esta Ley Orgánica sobre Iniciativa Legislativa Popular.

Peculiaridades de la Ley orgánica en materia de iniciativa legislativa popular:

Al ser, la iniciativa legislativa popular, regulada por una ley orgánica, en lugar de una ley ordinaria, es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta, de los miembros del Congreso de los Diputados y además, una votación final sobre el conjunto del proyecto para ser aprobada, mientras que para la votación de leyes ordinarias es necesaria la votación favorable de la mayoría simple.

Mayoría simple. Será la mayoría del total de los presentes del Congreso de los Diputados, que ejerzan el derecho de voto

Mayoría absoluta. La mitad más uno de los miembros de la Cámara. El número de miembros es de 350, por lo tanto, existe mayoría absoluta cuando se obtienen 176 votos a favor.

Es decir, una ley calificada de orgánica implica una votación para su aprobación más exigente. Recuerdo que es una Ley Orgánica la que regula la ILP.

Materias excluidas de la iniciativa popular:

No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (art.87.3CE)

Por tanto, las materias sobre las que los ciudadanos no pueden presentar una iniciativa legislativa son:

-          Las materias propias de regulación mediante ley orgánica, es decir, las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general.

-          Tampoco las materias que afectan al ámbito tributario, las que tienen carácter internacional o las relativas a la prerrogativa de gracia.

Por tanto, poco tenemos que decir los ciudadanos en las materias mencionadas anteriormente.

Requisitos para presentar una proposición de Ley

Todo lo que estoy escribiendo viene recogido y muy claro en la LO 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa Legislativa Popular, simplemente, lo presento de una forma un poco más asequible.

¿Quién puede ejercer la iniciativa legislativa popular?

Los ciudadanos españoles mayores de edad que se encuentres inscritos en el censo electoral.

¿Qué requisitos son exigibles?

La propuesta de ley: Se debe presentar una proposición de ley, acompañada y precedida por una exposición de motivos

Miembros: Se ha de presentar una relación de los miembros (datos personales), que han impulsado la iniciativa (Comisión Promotora) y la proposición de ley debe  estar suscrita por 500.000 firmas que serán recogidas en plazo de 9 meses, con prórroga de 3, desde que se notifique que la proposición de ley ha sido aceptada.

Plazos

La Mesa del Congreso de los Diputados tiene 15 días para responder sobre la admisibilidad de la propuesta legislativa popular.

Si la Mesa del Congreso decide no admitir la proposición de ley, la Comisión Promotora puede ejercitar la vía del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.

¿Cuáles son los motivos de inadmisión? En rasgos generales.

1. Que sea materia excluía de la competencia popular (hemos hablado de ello en el primer apartado)
2. Que existan defectos de forma, es decir, que no se reúnan estos requisitos;
1. 500.000 firmas autenticadas
2. Texto articulado de la proposición de ley + exposición de motivos
3. Una relación de los miembros de la Comisión Promotora
3. Que exista otra proposición de ley en el Congreso o Senado que verse sobre la misma materia o similar y que se encuentre en trámite de enmienda o más avanzado o sea reproducido de otra iniciativa legislativa popular sustancialmente equivalente y presentada durante la legislatura en curso.

Tramitación Parlamentaria

Cuando la Mesa del Congreso reciba notificación que acredite que se han reunido las firmas exigidas (9 meses + 3 prorrogables):

      Se ordenará la publicación de la Proposición

      Será incluida en orden del día del Pleno en el plazo máximo de 6 meses para su toma en consideración

¿Quién corre con los gastos?

La Comisión Promotora corre con los gastos ocasionados, pero una vez justificados, habrá una compensación estatal no superior a 300.000 euros.

Y después de todo esto, ¿crees que el procedimiento de la participación popular legislativa es asequible a los ciudadanos españoles o no?

El Tribunal Constitucional; Acceso y desempeño

Uno de los temas que más aparecía en la prensa de los últimos días giraba en torno al Tribunal Constitucional. Hacían referencia los medios, una vez más, al debate abierto acerca de la renovación de sus miembros, que trae ya, un retraso de 7 meses, y también del veto y el bloqueo, del que PSOE y PP se acusan constantemente como motivo principal a la demora mencionada.

Se habla también de la falta de independencia de los miembros respecto del Gobierno. Trascendiendo la materia del entorno político a los medios, a los periodistas y a la opinión de la sociedad en general.

El debate está en la calle y nosotros traemos nuestra visión particular al blog.

ACCESO: Lo que se dice vs. lo que es

En primer lugar, las reglas que rigen la elección de los miembros, son “reglas de consenso”, en contra de lo que se escucha sobre el dedazo. El art.159.1 CE establece que el Tribunal Constitucional ha de estar formado por 12 miembros nombrados por al Rey a propuesta de:

4 miembros por el Congreso de los Diputados (elegidos por mayoría de 3/5)

4 miembros por el Senado (elegidos pon mayoría de 3/5)

2 miembros a propuesta del Gobierno

2 miembros a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

La mesa del Tribunal Constitucional, hasta ahora, está distribuía de la siguiente manera.

1. Pascual Sala.  Presidente del TC. Propuesto por vocales progresistas del CGPJ.
2. Ramón Rodríguez-Arribas. Propuesto por vocales conservadores del CGPJ
3. Miguel Aragón Reyes. Propuesto por el Gobierno
4. Pablo Pérez Tremps. Propuesto por el Gobierno
5. Javier Delgado Barrio. Propuesto por el Congreso, en concreto por el PP
6. Roberto García Calvo (falleció en 2008 y sigue vacante su plaza). Propuesto por el Congreso, en concreto por el PP.
7. Elisa Pérez Vera. Propuesta por el Congreso, en concreto por el PSOE
8. Eugeni Gay. Vicepresidente del TC. Propuesto por el Congreso por consenso.
9. Francisco Pérez de los Cobos. Propuesto por el Senado por el PP
10. Francisco José Hernando. Propuesto por el Senado por el PP
11. Adela Asúa Batarrita. Propuesta por el Senado por el PSOE.
12. Luis Ortega Álvarez. Propuesto por el Senado por el PSOE.

No lo digo yo, el equilibrio está sobre la mesa.

Cierto es que existe una influencia de los partidos políticos, lo que no implica la inexistencia de independencia del órgano (lo tratamos en el siguiente apartado). En comparación con otros países, la influencia de los partidos políticos en España es moderada, equilibrada y reglada.

En EEUU, por ejemplo, la Corte Suprema está integrada por 9 jueces, es decir, el presidente y, los ocho asociados restantes. Los miembros de la Corte Suprema son elegidos por el Presidente de los EEUU, con carácter vitalicio, aunque es conveniente el consejo y el consentimiento del Senado para la nominación de la misma

Comparando España y EEUU, es el Presidente de los EEUU quien elige, con consentimiento del Senado, a los miembros de la Corte Suprema, mientras que en España, es patente el equilibrio entre los tres poderes reflejados en el CGPJ, el Gobierno, el Congreso y el Senado.

¿Crees que debería contemplarse otra forma de elección de los miembros?

DESEMPEÑO; profesionalidad e independencia.

Teniendo en cuenta y aplicando la idea previa, la que hace mención a la falta de independencia de los miembros del Tribunal Constitucional frente al Gobierno, debería ser desechada.

Los magistrados que forman parte del Tribunal son personas de reconocido prestigio, profesionales procedentes del mundo del derecho, que conocen la ley. Profesionales con criterio aséptico.

A ello hace referencia el artículo 159 CE en su apartado segundo. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

Los requisitos recien mendionados necesarios para formar parte del Tribunal, son una manifestación de la competencia de los miembros. En cuanto a su independencia, no hemos de irnos muy lejos, los votos reflejados en sus sentencias son ejemplo de ello. Sentencias que versan sobre muy diversas materias (sobre el Estatuto Catalán, la constitucionalidad de la ley del aborto, si Bildu debía concurrir o no a las elecciones…) En el último caso, por ejemplo, y por ser más reciente, el magistrado de tendencia progresista, Manuel Rodríguez Aragón, votó en contra de la concurrencia de Bildu a las elecciones, resultando 6 votos (de los magistrados progresistas) a 5 votos (de los conservadores) permitiendo finalmente su participación el pasado 22 de mayo.
Por no hablar de su escasa necesidad de permanecer en el cargo, in eternum, aprovechando las ventajas de su posición, materializada en las tres recientes dimisiones (Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera y Eugenio Gay Montalvo).

Considero inapropiado poner en duda la independencia y profesionalidad de los magistrados. Quizá, el origen de la idea provenga, por un lado, de las declaraciones, opiniones paralelas o interpretaciones de personas y personajes, más o menos públicos, que con ligereza y desconocimiento, hablan por el placer de no quedar atrás en el tema del día (matizando, por supuesto, que nunca se debe generalizar), y por otro, la confusión que existe entre dos órganos al servicio de la justicia. El Tribunal Supremo y el Constitucional, son órganos diferentes, en ámbitos y competencias. El primero, tiene una visión más jurisdiccional, mientras que el Tribunal Constitucional, responde a una función más representativa de la Carta Magna (desde 1978) y por ello, es un órgano con una mayor cercanía y sensibilidad a los Derechos Fundamentales.

En definitiva, con el fin de evitar dudas, incertidumbres e ideas preconcebidas, lo principal en el terreno de la independencia de los miembros, es formarse e informarse y principalmente, mantener un respeto, y evitar, no sacar conclusiones, sino sacarlas precipitadamente.

¿Crees que los magistrados del TC, son profesionales al dictado de los intereses de turno?

FUNCIONAMIENTO; el sentir general.

Debemos procurar conocer y comprender el funcionamiento del tribunal, de lo contrario, la esencia del mismo se desfigura y tergiversa

El funcionamiento del tribunal constitucional no está movido por un conflicto de intereses. Todo lo contrario, el funcionamiento del órgano es la manifestación de la pluralidad de criterios divergentes en una misma cuestión.

Es la conjunción de criterios fundados y la traslación del sentir de diferentes grupos sociales ceñidos a las disposiciones de la Constitución Española. Evidentemente, como cuerpo normativo, admite interpretaciones.

Una ciudadana propone a Don Felipe referendúm sobre Monarquía o República

En los últimos días lo más sonado ha sido el 15M en el que, aun hoy, los “indignados” entre pancartas, piden al Gobierno que se les escuche y sobre todo, que se tenga en cuenta sus propuestas para alcanzar el cambio que todo esperamos para España.

Laura López, una joven Licenciada en Derecho, también quiere cambios, pero de otro calado.

El pasado 31 de mayo, aprovechando que los Príncipes de Asturias, asistían a la entrega de los premios Principe de Viana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Pamplona, quiso plantear al Príncipe Felipe un cambio de Estado. Al parecer Laura le propuso directamente la celebración de un referéndum sobre Monarquía o República;  “por una cuestión de regeneración democrática” declaraba posteriormente en un medio local.

En España no hay una gran tradición de referendums nacionales. Desde 1978, hace 33 años, sólo se han planteado dos.

El mismo año 1978 hubo referéndum sobre el proyecto de de la Constitución Española. Con posterioridad, en 1986 se convocó referéndum planteando a la ciudadanía si creía conveniente que España permaneciera en la OTAN en los términos acordados por el Gobierno de la Nación (aprobado también), y nueve años después, en 2005, el referéndum afectaba al Tratado para la Constitución Europea, con una abstención del 57,7% de la población Española.

¿Cuáles son los motivos que llevaron a los ciudadanos españoles a abstenerse de esta votación? ¿Existe en España interés en la participación en cambios que puedan ser relevantes para el futuro de la Nación?

Según datos del Flash Eurobarómetro 168 sobre la encuesta post-referendum en España, en lo que afectaba a la Constitución Europea, el motivo fundamental a la abstención, con un 30%, tenía como respuesta la falta de información. Si sumamos a este porcentaje las respuestas de quienes denuncian la falta de debates públicos y de campaña electoral (un 10%) el resultado es que algo más del 40% de los abstencionistas afirman serlo a causa de una deficiente información sobre Europa y la Constitución muy probablemente producto de una campaña bastante corta.

El referéndum está regulado en la el art. 92 CE el cual establece en su primer punto que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, y en cuanto a la competencia para convocarlas, en virtud del art.2.3 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum,  corresponde al Rey convocar referéndum, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente.

Los medios de difusión de titularidad pública deberán conceder espacios gratuitos, para la campaña de propaganda. Sólo tendrán derecho al uso de espacios gratuitos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales (art.14 de la Ley Orgánica mencionada)

He aquí un ejemplo de campaña de referendúm previsto para los próximos 12 y 13 de junio en Italia. La población italiana ha sido convocada a participar en un referéndum acerca de la construcción de plantas nucleares en Italia, sobre la privatización del agua y sobre un decreto que permite a los altos cargos del Estado no presentarse  a juicios alegando "compromisos institucionales", conocino formalmente como Legítimo impedimento.

¿Qué materias crees que deberían someterse a referéndum en España? ¿Consideras que los españoles mostramos interés en participar a través de esta vía en las decisiones que afectan a la nación?